agosto 11, 2026
Más de 130 muertos, 570 heridos, viviendas y vías dañadas y aeropuertos cerrados, las dramáticas cifras que deja hasta ahora el terremoto en Colombia

Las labores de rescate se intensifican en las zonas afectadas mientras el Estado despliega recursos de emergencia y la población enfrenta riesgos de desórdenes civiles y pérdidas millonarias

El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 dejó un balance preliminar de 138 fallecidos y 570 heridos, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. El informe fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El sismo causó, además, daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde continúan las labores de búsqueda entre estructuras derrumbadas. Varios departamentos enviaron cuadrillas de rescate, mientras el Ejecutivo reforzó la respuesta en las zonas afectadas.

De la Espriella canceló su agenda para supervisar la respuesta estatal y ordenó a la Ungrd elaborar un informe integral de daños y necesidades. En un mensaje a la nación el mandatario afirmó que “el Estado está presente y toma acción”. También buscó transmitir respaldo a las zonas devastadas. “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”, dijo.

Toque de queda y refuerzo del rescate en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. ante el riesgo de alteración del orden público. La medida fue adoptada tras reportes de amenazas de saqueos en varias zonas de la capital del Valle del Cauca.

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