Las Malvinas y el GAFI: cómo defender los intereses nacionales en las plataformas globales

La apertura de procedimientos sancionatorios contra empresas de países miembros del GAFI, incluidas compañías de Estados Unidos, Israel y Dinamarca, añade una dimensión inédita a la histórica reivindicación territorial argentina

Existen razones de oportunidad y conveniencia para que la administración Milei introduzca un planteo técnico-político sobre la Cuestión Malvinas en el seno del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el argumento central de que la explotación ilegítima de recursos naturales en el Atlántico Sur impulsada por Gran Bretaña produce un volumen significativo de activos ilícitos que son lavados en el sistema económico-financiero internacional, en grave detrimento de la integridad que dice proteger el mecanismo global.

Este planteo daría continuidad a las acciones internacionales que comenzaron con la presentación del presidente argentino ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre pasado, en Nueva York, cuando recordó que para los argentinos Malvinas es una “causa nacional”, y que seguirán con la promoción de una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, a efectos de que el Reino Unido respete finalmente las disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Aunque la realidad prueba día tras día que el conjunto de organizaciones y mecanismos globales fue creado y desarrollado esencialmente por los grandes poderes fácticos para proteger sus propios intereses nacionales, lo cierto es que se ha dado un contexto positivo para que un país geopolíticamente importante como la Argentina haga valer al máximo posible su membresía internacional, ya que el Estado argentino está compelido a amplificar su poder relativo cada vez que los escenarios internos y externos lo permitan.

Bajo un criterio de estricto realismo político, el presidente de la Nación debe ordenar que el jefe de Gabinete de Ministros, junto al canciller y el ministro de Justicia, con un dictamen del procurador del Tesoro, pongan en conocimiento de la reunión plenaria que el GAFI celebrará entre el 26 y el 30 de octubre próximo en su sede central en París, la serie de acciones que el Gobierno argentino ha llevado a cabo en estos últimos 30 días, resaltando que estos otorgan una nueva y significativa densidad a la histórica reivindicación argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tornando inaceptables las prácticas de lavado de dinero de gran escala que resultan de las actividades ilegítimas que se llevan a cabo en el Atlántico Sur.

Téngase presente que el GAFI se encuentra actualmente bajo la presidencia de Giles Thomson, en representación del Reino Unido, lo que convierte este planteo en una verdadera prueba de fuego para el doble estándar que suele regir estos foros multilaterales a la hora de tratar temas que supuestamente son de interés común.

También es relevante que los miembros de la plataforma global que elabora recomendaciones sobre ilícitos económico-financieros tomen nota de que la explotación de la cuenca norte denominada Sea Lion es, de acuerdo a las propias compañías autorizadas por los usurpadores ingleses Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, el único descubrimiento del archipiélago con decisión final de inversión tomada: la Fase 1 prevé unos 170 millones de barriles y un pico cercano a 50.000 barriles diarios, con primer petróleo proyectado para 2028. Eso implica una ganancia ilícita de magnitud que será inyectada en el sistema económico-financiero formal, en menoscabo de todos los pilares que justificaron la creación del dispositivo global que pregona investigar las prácticas graves de lavado de dinero, mitigar los riesgos que estos ilícitos generan y determinar si los países están tomando medidas eficaces al respecto.

Es poco probable que una declaración técnico-política de este tipo produzca consecuencias directas en el interior del GAFI, ya que las reglas que lo dominan están orientadas a combatir el lavado de dinero que afecta los intereses de coyuntura de las grandes potencias, y no el que se perpetra como resultado de la piratería de ultramar que practica uno de sus líderes, Gran Bretaña.