La Oficina Judicial Penal fijó audiencia para el 14 de octubre en la causa del Acueducto: qué rol juegan los fueros de Uñac y Andino, ¿van a dar el presente?

Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro pidieron la formalización y ya está la fecha. Los once mencionados tienen que participar.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum ya tiene fecha para dar un nuevo paso. La Oficina Judicial Penal fijó para el miércoles 14 de octubre, a las 11, la audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán exponer los hechos que buscan llevar a una instancia formal y la situación de las once personas que fueron notificadas durante la etapa preliminar.

Entre los convocados aparecen dos nombres con peso político: el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado provincial Cristian Andino. La particularidad es que ambos cuentan con fueros por los cargos que ejercen, pero esa inmunidad no impide que una investigación penal avance ni que deban comparecer ante la Justicia.

La Ley nacional 25.320, que establece el régimen de inmunidades para legisladores y otros funcionarios, determina que cuando se abre una causa penal contra una persona alcanzada por fueros, el proceso judicial puede continuar hasta su conclusión. La norma establece además que el llamado a indagatoria no constituye una medida restrictiva de la libertad.

El punto central está en qué ocurre si el legislador no se presenta. La misma ley establece que, ante una incomparecencia a la indagatoria, el tribunal debe solicitar el desafuero, la remoción o el juicio político, según corresponda. Es decir, el fuero funciona como una protección frente a una eventual privación de la libertad, pero no como un impedimento para que la Justicia investigue ni para que el legislador pueda presentarse en el expediente.

En el caso del Acueducto Gran Tulum, las fuentes judiciales consultadas señalaron que tanto Uñac como Andino deben formar parte de la audiencia del 14 de octubre. De todos modos, en Tribunales trascendió que ambos barajan una alternativa para evitar que ambos tengan que trasladarse físicamente hasta la sede judicial: que participen mediante videoconferencia.

Por ahora, esa posibilidad aparece como una opción que se encuentra bajo análisis y no como una modalidad definitivamente resuelta.

Además de Uñac y Andino, la convocatoria alcanza a Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

Se trata de un grupo que reúne a exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de Krah América Latina, empresa vinculada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra.

La notificación que recibieron en la etapa anterior no significó que hayan sido formalmente imputados ni que exista una declaración de responsabilidad penal. Su objetivo fue ponerlos al tanto de la existencia de la investigación y permitirles ejercer sus derechos, entre ellos acceder al expediente y elegir abogado defensor.

Con la audiencia del 14 de octubre, el expediente entrará en una instancia diferente. Los fiscales tendrán que precisar ante la jueza qué hechos consideran que deben ser investigados formalmente, qué calificación jurídica pretenden aplicar y cuál sería la participación que atribuyen a cada una de las personas alcanzadas.

Algunos de los involucrados ya definieron quiénes serán sus abogados. Gustavo Mastelono será representado por Fernando Castro, mientras que Francisco Javier Correa tendrá como defensores a Jorge Olivera Legleu y Conrado Suárez Jofré. Nasser Uzair, por su parte, continuará con la defensa de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.

La audiencia también tendrá presencia de la Fiscalía de Estado. El organismo provincial concurrirá como querellante con sus abogados Aníbal Fraifer y Claudio Herrera. Además, fuentes vinculadas al expediente anticiparon la participación del propio Fiscal de Estado, Sebastián Dávila.

Su presencia le dará una particularidad a la audiencia: la Provincia estará representada no sólo por los abogados que habitualmente intervienen en este tipo de procesos, sino también por la máxima autoridad del organismo encargado de defender los intereses estatales.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia con links de un portal de noticias y quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. La pesquisa busca establecer si existieron irregularidades en diferentes etapas del Acueducto Gran Tulum, con especial atención sobre las contrataciones, la provisión de las cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales.