La causa por la presunta megaestafa de Global Market sigue sumando denuncias y es que una mujer aseguró haber invertido 5.000 dólares en la firma hace aproximadamente un año y medio y, recién ahora, tomó conocimiento del escándalo que la afecta de modo directo. Cuando se presentó para renovar sus ahorros, encontró las oficinas cerradas y se desayunó de la noticia.
De acuerdo a lo que manifestaron fuentes judiciales, la denunciante relató que el pasado 3 de mayo acudió al local que funcionaba sobre calle Mendoza, antes de avenida Libertador, en Capital, con la intención de renovar la inversión que había realizado tiempo atrás. Sin embargo, al llegar se encontró con el sitio vacío y sin actividad.
Luego de esa situación, comenzó a buscar información y, a través de las noticias periodísticas, tomó conocimiento de que la empresa estaba siendo investigada por una presunta estafa. También señaló que intentó comunicarse con representantes de la financiera bajo sospecha, aunque no obtuvo respuesta alguna.
La presentación se suma a una investigación que ya dejó decenas de denunciantes y millonarios perjuicios económicos. Inicialmente, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas había contabilizado 23 denuncias, aunque posteriormente esa cifra ascendió a 47, mientras que las pérdidas denunciadas superarían los 3.000 millones de pesos y podrían incrementarse a medida que continúen apareciendo nuevos damnificados.
La causa tuvo un giro clave semanas atrás, cuando el juez de Garantías Javier Figuerola hizo lugar al planteo del fiscal Nicolás Alvo y declaró la incompetencia de la Justicia provincial para continuar investigando el caso. El expediente fue remitido al fuero federal al considerar que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos de lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, figuras que afectan el orden económico y financiero nacional.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada habrían captado fondos de inversores con perfiles conservadores prometiendo colocaciones seguras, aunque luego esos recursos habrían sido desviados hacia empresas vinculadas a los propios investigados, entre ellas GMI Inversiones, mediante operaciones que no habrían sido autorizadas por los clientes.
El traspaso del expediente a la Justicia Federal quedó firme recientemente, luego de que el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazara los planteos formulados por abogados que representan a algunos denunciantes. El magistrado entendió que, en esta etapa preliminar del proceso, las querellas aún no cuentan con facultades para recurrir la decisión de incompetencia.
