La investigación por el caso Global Market atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre. Es que a casi un mes de que la Justicia provincial resolviera declararse incompetente y remitir el expediente al fuero federal, la causa permanece prácticamente inmovilizada mientras se espera la intervención del Tribunal de Impugnación -y su posterior definición- sobre los recursos presentados por parte de las querellas.
La situación mantiene en vilo a un número importante de denunciantes, que aseguran haber sufrido pérdidas millonarias y observan cómo el expediente continúa atrapado en una discusión jurídica sobre quién debe investigar los hechos. Sin avances concretos sobre la causa que tiene en la mira a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, por el momento no se ha dispuesto cuándo será la audiencia con el tribunal superior.
” No tenemos fecha todavía. La verdad que estamos bastante desanimados y cansados porque es increíble lo que pasa”, señalaron desde el entorno de algunas de las querellas consultadas por este medio, las que cuestionaron las pretensiones de traspasar el expediente judicial a la Justicia Federal.
El conflicto se originó luego de que el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, solicitara el cambio de competencia al entender que la maniobra investigada podría involucrar delitos de carácter federal, entre ellos presunto lavado de activos e irregularidades vinculadas al sistema financiero nacional. Esa postura fue avalada por el juez de Garantías Javier Figuerola, quien ordenó el envío del expediente a la Fiscalía Federal.
Sin embargo, la decisión no fue aceptada por todos los representantes de las víctimas. Hubo abogados querellantes que impugnaron la resolución al sostener que el núcleo de la investigación se relaciona con presuntas estafas reiteradas cometidas en San Juan, por lo que consideran que el expediente debe continuar tramitándose en el Sistema Acusatorio provincial.
Desde entonces, la causa quedó en una especie de limbo procesal. Mientras no exista una resolución firme sobre la competencia, la investigación permanece paralizada y todo apunta a la configuración de “la gran estafa” para los presuntos damnificados, que habrían visto desaparecer sus ahorros e inversiones sin consecuencias penales hasta ahora.
El expediente se encuentra actualmente a instancias del Tribunal de Impugnación, donde el juez Daniel Guillén deberá analizar los planteos de las partes y resolver si confirma el criterio de Figuerola o si, por el contrario, ordena que la pesquisa continúe en la Justicia provincial. Incluso, una eventual resolución de Impugnación podría no significar el final del debate, ya que la disputa podría trasladarse a la Corte de Justicia.
La causa tiene bajo la lupa a los responsables de Global Market Valores y GMI Inversiones. Según la teoría presentada por la fiscalía durante las audiencias realizadas en mayo, los inversores habrían sido inducidos mediante engaños a autorizar operaciones que no se correspondían con sus perfiles de riesgo y cuyos fondos habrían sido desviados hacia empresas vinculadas a los propios investigados.
