La Fiscalía amplió la investigación por irregularidades en los proyectos “Alto Valle” y “Alteza” y alcanza a todos los acusados. Mientras el Ministerio Público detalla el expediente barrio por barrio, Héctor Storniolo sigue siendo el único detenido en el Penal de Chimbas tras intentar engañar a la Justicia, y Juan Gallerano mantiene en pausa su acuerdo por un drama familiar.
El expediente judicial por la megaestafa con la venta de lotes en San Juan lejos está de encontrar un techo. Lejos de estabilizarse, la causa que tiene como principal rostro al empresario Héctor Storniolo continúa agravándose semana a semana: las presentaciones de víctimas ya alcanzaron las 500 denuncias y el Ministerio Público Fiscal avanzó con una nueva ampliación de imputaciones que complica aún más el horizonte procesal de toda la banda investigada.
La investigación, conducida por el fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, sumó recientemente una ampliación del objeto de la Investigación Penal Preparatoria por 12 hechos. A diferencia de otras instancias del proceso, esta nueva batería de acusaciones no recayó únicamente sobre Storniolo, sino que alcanzó a todos los imputados de la causa -una red integrada por diez personas vinculadas a distintas firmas inmobiliarias y constructoras, entre ellas su esposa Patricia Nacif-.
En esta oportunidad, la lupa de los investigadores se posó sobre las maniobras denunciadas en torno a dos desarrollos específicos: los proyectos “Alto Valle” y “Alteza”, que se suman a la extensa lista de loteos fantasma o inconclusos que generaron un perjuicio económico global estimado en más de $2.700 millones.
La contracara absoluta de la situación de Gallerano es la de Héctor Storniolo. Entre la decena de acusados que conforman la presunta asociación detrás de la venta irregular de terrenos, el empresario es el único que permanece alojado con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Storniolo presentó supuestos informes técnicos avalados por el arquitecto Pablo Navarro. Al ser citado por el fiscal Gallastegui, el profesional desconoció la autoría de dichos escritos -aunque la firma inserta le pertenecía-, dejando al descubierto la maniobra apócrifa. Ante la gravedad del engaño y el evidente riesgo procesal, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi ordenó su inmediato traslado al servicio penitenciario, donde hoy aguarda el avance final de la investigación.
