La aprobación, el último jueves 25 de junio, del proyecto de ley impulsado por la Corte de Justicia de San Juan para crear tres nuevos cargos judiciales volvió a poner sobre la mesa una política institucional que se repite desde hace varios años: el crecimiento progresivo de la estructura del Poder Judicial para responder al aumento de la litigiosidad, la implementación del sistema acusatorio y la necesidad de reforzar distintos fueros.
Aunque no existe un registro oficial que reúna en un solo documento todas las leyes creadoras de cargos, los concursos posteriores y las designaciones realizadas, el análisis de la información pública disponible permite reconstruir cómo evolucionó la Justicia provincial entre 2020 y 2026.
El dato más importante es que durante este período coexistieron dos fenómenos diferentes. Por un lado, la creación de nuevos cargos mediante proyectos de ley remitidos por la Corte de Justicia y aprobados por la Cámara de Diputados. Por otro, la cobertura de vacantes ya existentes, generadas por jubilaciones, fallecimientos, renuncias, ascensos o designaciones de magistrados y funcionarios en otros cargos.
La diferencia no es menor. Cada vez que el Consejo de la Magistratura abre un concurso, no necesariamente significa que el Poder Judicial esté creciendo. En la mayoría de los casos, el llamado busca cubrir un cargo que ya existía y quedó vacante. Sólo una parte de esos concursos corresponde a cargos creados por nuevas leyes.
Desde 2020, la Corte de Justicia impulsó sucesivas iniciativas legislativas para ampliar la estructura judicial. A diferencia de una reforma integral, la estrategia institucional consistió en presentar proyectos periódicos conforme aparecían nuevas necesidades de funcionamiento.
Las primeras modificaciones estuvieron vinculadas al fortalecimiento del sistema penal acusatorio durante 2021 y 2022, con la incorporación de nuevos fiscales y defensores oficiales para acompañar el cambio de modelo procesal.
En 2023 la expansión alcanzó otros fueros, con proyectos destinados a reforzar la estructura de Familia y Laboral mediante la creación de nuevos cargos de jueces y funcionarios.
Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2024, cuando la Legislatura aprobó un proyecto enviado por la Corte que permitió crear catorce cargos judiciales, principalmente vinculados al Ministerio Público. Posteriormente, el Consejo de la Magistratura convocó los concursos correspondientes para cubrir once cargos de fiscales y tres de defensores oficiales.
Durante 2025 continuó el proceso de reorganización con nuevas modificaciones destinadas a fortalecer cámaras y juzgados especializados, mientras que este año la Cámara de Diputados volvió a aprobar otro proyecto remitido por la Corte, mediante el cual se incorporaron tres nuevos cargos judiciales.
Si se consideran únicamente las leyes destinadas a ampliar la planta judicial, el análisis de la documentación pública permite estimar que entre 2022 y 2026 se crearon alrededor de cuarenta a cincuenta cargos entre jueces, fiscales, defensores oficiales, asesores y otros funcionarios jerárquicos. Entre ellos aparecen nuevos fiscales de Primera Instancia, defensores oficiales, jueces penales, cargos para cámaras de apelaciones, juzgados de Paz y funcionarios destinados a los fueros de Familia y Laboral.
La creación de cargos representa sólo una parte del movimiento institucional. El otro gran componente fue la cobertura de vacantes.
Los registros publicados por el Consejo de la Magistratura muestran una intensa actividad de concursos durante los últimos años. En agosto de 2023 se convocó un concurso para cubrir catorce cargos. En diciembre del mismo año hubo un nuevo llamado para siete cargos. En febrero de 2024 se abrió otro concurso para catorce cargos —once fiscales y tres defensores—, mientras que en octubre de ese año se concursaron otros tres.
