La muerte de un detenido en la Comisaría 18° es investigada como un homicidio y, por eso, personal de la UFI de Delitos Especiales pidió la detención de seis policías que participaron del procedimiento. La autopsia fue clave para sospechar de un accionar que excedería la negligencia de los funcionarios.
La muerte de Franco Jara en la Comisaría 18° de Albardón abrió una investigación por homicidio que tiene a seis policías detenidos y bajo sospecha. La autopsia fue determinante para que la causa tomara otro rumbo, pues las lesiones que presentaba el cuerpo del joven apuntarían a una muerte violenta y alimentarían las sospechas sobre un presunto exceso en el accionar de los efectivos que participaron de su detención.
Las circunstancias del procedimiento también quedaron bajo la lupa, ya que Jara había sido aprehendido por una contravención. Sin embargo, su detención derivó en un operativo policial, en una serie de decisiones cuestionadas y, finalmente, en el fallecimiento de un aprehendido dentro de una dependencia policial.
Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es el despliegue que realizaron los uniformados la noche del sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, en Albardón. Según trascendió, los efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales ingresaron al domicilio de Jara sin exhibir una orden judicial. No obstante, la versión policial inicial sostenía que la aprehensión se había producido en la vía pública, algo que entraría en contradicción con un video registrado por vecinos, en el que se observa a los uniformados avanzar hacia el interior de una propiedad.
Ese elemento probatorio, sumado a los testimonios incorporados a la investigación, habría complicado la situación de los efectivos. El hijo mayor de Jara denunció que su padre recibió una patada en el pecho, que fue golpeado dentro de la vivienda y que las agresiones continuaron cuando lo sacaron al exterior. También sostuvo que, al momento de subirlo al móvil policial, ya tenía dificultades para respirar y se encontraba descompensado.
El informe forense terminó de encender las alarmas. La autopsia determinó que Jara presentaba un cefalohematoma en la región temporal izquierda de tipo contuso, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Esas lesiones permitieron establecer que no se trató de una muerte natural y motivaron, a pedido del Ministerio Público, la detención de los cinco uniformados que participaron del procedimiento.
Para una fuente judicial consultada, el procedimiento estuvo atravesado por irregularidades que excederían las sospechas sobre una eventual golpiza. Uno de los puntos cuestionados es la realización de un operativo para detener a una persona por una falta contravencional.
La fuente explicó que un allanamiento fuera del horario diurno requiere una justificación especial y consideró que, por la naturaleza de la infracción que se le atribuía a Jara, no habría existido una razón que justificara semejante despliegue. Se trataba de una contravención que, en principio, podría resolverse mediante el pago de una multa ante el juzgado correspondiente.
A ese cuestionamiento se suma otro aspecto sensible y es la presunta falta de intervención de un médico legista antes de que el joven quedara alojado en un calabozo. Quizás ello habría evitado una desgracia. Según explicó la fuente, el médico legista policial cumple funciones en determinados horarios y no trabaja durante la franja nocturna, entre las 22 y las 8.
Si bien existe un sistema de guardia pasiva, su convocatoria depende de que el funcionario de turno considere necesario requerir su intervención, sin que, acorde la descripción aportada, exista un protocolo suficientemente claro que establezca en qué circunstancias debe ser llamado. La evaluación de ese profesional resulta clave porque permite determinar si una persona está en condiciones de permanecer detenida o si, por su estado de salud, necesita ser derivada a un hospital o a otro ámbito de atención.
En ese sentido, la fuente judicial consideró que una revisión médica podría haber advertido la gravedad del cuadro que presentaba Jara y evitado que permaneciera en una dependencia policial. Se trata de una hipótesis que deberá contrastarse con las pruebas y las pericias de la investigación.
Por ahora, los cinco efectivos permanecen detenidos y se espera que sean llevados ante la jueza de Garantías para la audiencia de formalización. Se trata de Emiliano Cabrá, oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, cabo; Matías Lucero, agente; Juan Recio, cabo, y Nicolás Godoy, también cabo. Los efectivos están sospechados de haberle propinado una brutal paliza a la víctima.
La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Especiales, con intervención de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, además de los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz, apunta a la presunta comisión de un homicidio, aunque todavía resta conocer qué grado participación concreta tuvo cada uno de los uniformados en la secuencia que terminó con la muerte de Jara. Esa individualización será determinante para definir la calificación legal que la fiscalía les atribuirá.
Entre las posibilidades que se manejan aparece la imputación por apremios ilegales, en función de las sospechas sobre las agresiones que habría sufrido la víctima durante el procedimiento. Sin embargo, tampoco se descarta que la acusación avance directamente por homicidio, teniendo en cuenta el resultado de la autopsia y los elementos que comprometerían a los policías.
La audiencia de formalización será el momento en que la fiscalía deberá precisar qué delito atribuye a cada uno y cuál habría sido su intervención. No se descarta, además, que surjan nuevas medidas de investigación o incluso otras detenciones si aparecen elementos que permitan establecer más responsabilidades.
