El mediático caso de la “banda de los robarruedas” sumó un nuevo y polémico capítulo en los tribunales sanjuaninos. En esta oportunidad, dos de los implicados en la organización, identificados en las fojas judiciales como Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares, buscan resolver su situación procesal mediante un acuerdo de reparación integral que consiste en el pago de $1.000.000 a cada una de las víctimas.
Tras el avance de la investigación penal preparatoria, los acusados lograron llegar a esta instancia con una adecuación de la calificación legal inicial, la que resultó ser menos gravosa que la imputada originalmente. En ambos casos fueron investigados por robo agravado, pero terminando cambiando la calificación a hurto simple en un solo hecho, o sea, en perjuicio de una sola víctima, para cada uno.
El punto de discordia radica en la notificación y presencia de las víctimas en la audiencia. La fiscal Salica criticó con dureza la postura del magistrado, calificándola de “antojadiza e ilegal”, al considerar que obligar a los damnificados por delitos contra la propiedad a asistir a la audiencia vulnera sus derechos y no está taxativamente exigido por el código. Según la fiscalía, esta exigencia solo marca la “burocracia de un sistema que nadie quiere”.
Por el momento, la resolución del conflicto para los imputados mediante el pago millonario han quedado en cuarto intermedio, a la espera de que se resuelva el dilema procesal sobre la participación de las víctimas en el acto judicial. Habrá una próxima audiencia el miércoles 17 de junio a las 12 horas.
Mientras Páez y Vivares esperan resolver su situación, la “banda de los robar ruedas” ya cuenta con varios miembros con sentencia firme tras admitir su culpabilidad en juicios abreviados. Uno de los líderes de la organización, Mauricio “Pitufo” Rodríguez, fue condenado a un año y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Justicia lo consideró autor de cuatro robos, entre ellos el sufrido por el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y seis hechos de encubrimiento agravado, declarándole además la reincidencia.
Los últimos condenados fueron los acusados Rubén “Cuchillo” y Pablo “El Dibu” Díaz, tío y sobrino respectivamente, que acordaron con fiscalía una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva.
Otro condimento que tuvo este hecho fue que entre los detenidos estuvo el ex diputado departamental de Iglesia, Ramón Héctor Anes, que se encuentra actualmente excarcelado pero sigue vinculado a la investigación
